8M: Los derechos ganados para las mujeres (y los que quedan por ganar)

Fue con el inicio del siglo XX cuando en España se empiezan a establecer las primeras ayudas a mujeres tras dar a luz. Con la II República, las iniciales tres semanas se amplían hasta a 12, bajo el conocido como Seguro Obligatorio de Maternidad.

Con la dictadura se elimina este derecho y no sería hasta los años 70, todavía con el gobierno franquista pero una vez que las mujeres comienzan a asentarse en el mundo laboral, cuando este tipo de ayudas vuelvan, ampliando el permiso hasta entre 1 y 3 años. En 1980 se aprobaría el permiso paternal para una mayor conciliación.

La ley vigente, aprobada en 2022, ofrece un permiso de seis meses tanto de maternidad como de paternidad.

Hasta el 8 de marzo de 1910, la mujer no podía acceder a estudios superiores en España. Fue poco después del nombramiento de Emilia Pardo Bazán como consejera de Instrucción Pública cuando se aprobó España una Real Orden que autorizaba "por igual la matrícula de alumnos y alumna".

Hasta la Segunda República española, las mujeres no tenían derecho a votar. Fue gracias al movimiento sufragista de principios del siglo XX, liderado en Reino Unido por Emmeline Pankhurst, cuando la sociedad realmente comenzó a cuestionarse esta distinción. El hombre, por el mero hecho de serlo, ya podía votar.

En España, no sería hasta el 1 de octubre de 1932 cuando se legalizaría el sufragio activo femenino y finalmente, las mujeres acudieron a las urnas por primera el 19 de noviembre de 1933.

Un gesto tan habitual como acudir al banco y abrir una nueva cuenta no fue posible hasta 1978, cuando se aprobó la Constitución Española. Anteriormente la mujer dependía en su totalidad del hombre para hacer gestiones como hacerse el DNI o administrar los bienes comunes.

Aunque la legislación española garantizó el mismo trato a mujeres y hombres en 1978, no sería hasta 1981 cuando la mujer realmente pudo administrar libremente su economía.

La píldora se había legalizado en la década de los 60, pero únicamente para tratar problemas menstruales. No sería hasta 1978, el mismo año en el que fue aprobada la Constitución Española, cuando se produjo la reforma del Artículo 416 del Código Penal y le abría las puertas de forma oficial como método anticonceptivo. A partir de ese momento ya se vendía en farmacias.

No fue hasta 1981 cuando en España, a través de Adolfo Suárez, se aprueba la Ley del Divorcio. Aunque tenía muchísimas condiciones, fue un gran paso que no se había dado hasta entonces. La sociedad entendía la necesidad de poner en marcha una ley que aceptase el fin del matrimonio cuando ambos cónyuges estuvieran de acuerdo. Una ley que no estuvo exenta de polémica y hubo sectores en contra.

Dicha ley se modificó en 2005, pasó a llamarse Ley de Divorcio Express, con la principal novedad de que daba la posibilidad de acudir a un procedimiento de divorcio, sin necesidad de la previa separación de hecho o judicial y sin alegar causa alguna.

Hasta 1988, la mujer no podía formar parte del estamento militar. Fue gracias al Real Decreto 1/1988, del 22 de febrero, que realmente se reguló el año siguiente, 1989. Un avance notorio que puso fin a una lucha que había comenzado varios años atrás y que supuso un antes y un después en las fuerzas armadas españolas. Y también para el feminismo.

El aborto siempre ha sido considerado como delito en el Código Penal. En España se legalizó en 1985, aunque únicamente en caso de tres supuestos: peligro de vida de la madre, violación y por problemas físicos o malformación del feto.

No sería hasta 2010, con la Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, cuando se legalizó la posibilidad de abortar hasta las 14 primeras semanas de embarazo de forma libre, sin supuestos.

Actualmente, en muchos países la interrupción del embarazo sigue estando prohibida y penalizada. La lucha continúa.

La Ley Orgánica 3/2007 Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, la conocida como Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres entró en vigor con el objetivo de buscar la paridad entre ambos sexos, la igualdad de trato y la no discriminación, en todos los ámbitos de la sociedad y poner fin, de una vez por todas, a la endémica brecha salarial.

Con la desigualdad todavía vigente, el Gobierno dio en 2023 el visto bueno a la ley de representación paritaria con el objetivo de lograr equiparar los órganos de decisión, incluyendo el Consejo de Ministros.

España fue pionera con la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, que incluía Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Hasta el momento, el nombre técnico era "violencia familiar". Una ley que destacaba la necesidad de trabajar en prevención y sensibilización, que ponía de manifiesto la concienciación social de aquel entonces.

El 6 de octubre de 2022, entró en vigor la Ley Orgánica 10/2022, más conocida como la "ley del solo sí es sí", una ley que aprueba que cualquier acto que atente contra la libertad sexual de una persona sin su consentimiento se considera un delito de agresión sexual. Asimismo, amplía la protección a las mujeres, las niñas y los niños y señala varios agravantes. Unos meses después, el Congreso aprobó una reforma para acabar con la polémica generada tras las múltiples rebajas de penas de cárcel implementadas a agresores sexuales.