La gestación subrogada está prohibida en España mientras miles de parejas viajan a otros países para alquilar vientres de mujer. Sin embargo, esos niños concebidos en el extranjero se pueden inscribir en el registro español a nombre de los padres biológicos. Ese subterfugio legal ha hecho que el debate rebrote entre la opinión pública y política de nuestro país. Por una parte, está el bando a favor, los que creen necesario regularla para que todo el mundo pueda acceder a ella con garantías y no sólo las personas acomodadas que pueden pagársela fuera. Y por otra, los que están en contra de esta práctica al considerar que atenta a la dignidad de esta mujeres que se ven obligadas a alquilar su cuerpo.

A FAVOR

A finales de julio, Portugal reguló por la gestación subrogada y permite por ley a los extranjeros poder acceder a ella. Junto a Portugal, en Europa sólo Grecia y Reino Unido han regulado esta práctica, prohibida explícitamente en Alemania, Francia y España.

Ciudadanos es el partido político que hasta el momento se ha mostrado más firme a la hora de defender la necesidad de una regulación de la gestación subrogada. Su argumento principal es la solidaridad con las parejas que quieren alquilar vientres pero no tienen la capacidad económica para hacerlo en el extranjero. “Queremos dar seguridad y garantías a todas las familias que recurran a esta vía y a las mujeres que libremente y de manera altruista quieran ayudarlas. No podemos dar la espalda a todas las personas que podrían optar por la gestación subrogada para formar una familia”, explican a HARPER’S BAZAAR desde la formación liderada por Albert Rivera.

"Queremos dar seguridad y garantías a todas las familias que recurran a esta vía y a las mujeres que libremente y de manera altruista quieran ayudarlas", explican desde Ciudadanos.

La solución, según Ciudadanos, pasa por establecer “una ley garantista como la que ya existe en otros países como Estados Unidos o Canadá”. En concreto, su propuesta supondría:

- Regular la gestación subrogada en España y hacer de esta práctica una vía más para que los españoles tengan las mismas oportunidades que ya tienen, por ejemplo, los canadienses.
- La gestación subrogada tendrá carácter altruista. No se podría convertir en una práctica comercial o lucrativa.
- Garantizar los derechos de todas las partes que intervengan. Se velaría sobre todo por el interés superior del menor.
- Permitir, asimismo, que aquellas mujeres que deseen ayudar a estas personas a ser padres puedan hacerlo con absoluta libertad y seguridad a la hora de tomar la decisión.
- Permitir que miles de ciudadanos españoles vean realizado su deseo de ser padres o madres, sin que su situación económica sea un obstáculo insalvable.
- Acabar con la desigualdad que supone que sólo las personas con más recursos económicos puedan acudir a esta técnica de reproducción asistida.
- Evitar el “turismo reproductivo”, pues los padres y madres de intención y la mujer gestante deberán ser españoles o residir legalmente en España".

Entre el sector médico, una de las voces más activas a favor de la regulación es el el presidente de la Organización Nacional de Trasplantes, Rafael Matesanz. El nefrólogo equipara la gestación subrogada con la donación de órganos en vida y defiende que ésta debería ser “estrictamente altruista por motivos de parentesco o amistad”. “Todos los casos en los que medie pago en dinero o en especies, me parece una forma de explotación de gente sin recursos, no equiparable a quien vende un riñón o un fragmento de hígado pero con una cierta similitud de fondo y también con posibles daños físicos y psicológicos, en este caso de la mujer gestante, sobre todo si el embarazo se repite varias veces”, matiza Matesanz a HARPER’S BAZAAR.

"La prohibición a ultranza es absurda dada la facilidad de desplazamiento a otros países, por lo que urge una regulación", añade el doctor Rafael Matesanz.

Aunque reconoce que la solución legal sería “realmente compleja”, porque “toca muchas sensibilidades contrapuestas”, destaca que sí ve posible que “un pequeño número de casos se canalizaran con seguridad mediante unos procedimientos similares a los de la donación altruista de órganos”. Matesanz reconoce que eso “no solucionaría la situación actual, con al menos mil niños que se conciben con este método en distintos países”. En cualquier caso, concluye el doctor, “la prohibición a ultranza es absurda dada la facilidad de desplazamiento a otros países, por lo que urge una regulación pragmática y consensuada”.

Según los que defienden su regulación, es una falacia que la adopción sea la solución para esas familias que no pueden tener hijos. Para empezar, porque adoptar es un proceso demasiado lento, que en ocasiones se puede dilatar entre cinco y ocho años. Además, la posibilidad de alquilar un vientre beneficiaría a las parejas homosexuales que desean tener un hijo biológico y a las heterosexuales que han agotado otras vías de reproducción asistida (puesto que para ellos la gestación subrogada es eso, una forma más de reproducción asistida). Esta opción, la de la reproducción in vitro también escapa a las parejas con pocos recursos económicos, puesto que la Seguridad Social sólo cubre tratamientos de fertilidad a mujeres menores de 40 años con un máximo de tres intentos. En un centro privado el precio puede rondar los 6.000 por el tratamiento.

EN CONTRA

La terminología es la primera barrera que derriban quienes se posicionan en contra. Para ellos, gestación subrogada es sólo un eufemismo de vientres de alquiler. Creen que esta práctica es una forma más de cosificar a la mujer y de instrumentalizar su cuerpo. Como se explica en el manifiesto No somos vasijas, cuando se alquila un vientre, nos reducen a mero continente al servicio de otros.

“Esta es una nueva forma de explotación de la mujer. En este caso, para la compra y venta de niños. La experiencia nos dice que en otros países como Reino Unido hay muy pocas mujeres que ceden su cuerpo de forma altruista, porque un embarazo requiere mucho esfuerzo, tanto físico como psicológico. Las que tienen suficientes recursos económicos no lo hacen”, explica a esta revista Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas.

La cosificación del cuerpo femenino quedaría representada también en el tipo de contratos que la madre gestante debe firmar cuando alquila su vientre. En los países donde es fácil acceder a la gestación subrogada mediante el dinero, la mujer renuncia al bebé. Mientras que en otros donde está regulada, como Reino Unido, la mujer tiene un plazo de reflexión. “Los que se van fuera no quieren correr ese riesgo, por eso no funciona la gestación altruista”, sostiene Besteiro.

"Esta es una nueva forma de explotación de la mujer. En este caso, para la compra y venta de niños", señala Yolanda Besteiro

La regulación de esta práctica no serviría de nada, si observamos casos como el de Reino Unido, donde dos de cada tres niños que nacen de un vientre de alquiler se han gestado en otros países donde la gestación subrogada es libre, como Ucrania. En el caso de Canadá, donde también está regulada, a falta de datos oficiales, se estima que el 75% de esos bebés también se ha gestado fuera.

Besteiro sortea la paradoja con la que se encuentran las feministas a la hora de defender el aborto y sin embargo están en contra de la gestación subrogada. Si las mujeres tenemos el derecho de decidir sobre nuestro propio cuerpo, defienden quienes están a favor, entonces deberíamos poder hacer lo mismo con nuestros vientres. “Tenemos el derecho a decidir sobre nuestra propia maternidad, no sobre la de otros. Con este tema tratan de utilizar nuestros cuerpos a base de dinero”, sostiene Besteiro, mientras matiza que “no existe el derecho a ser padre o madre, sino sólo el deseo de serlo”.

Para ella, la solución pasa por la adopción. “En España hay 18.000 niños esperando a ser adoptados. 1.300 si hablamos sólo de la Comunidad de Madrid. Es incomprensible que para adoptar a un niño tengas que cumplir muchos requisitos y sin embargo eso no ocurra cuando se trata de tenerlo a través de un vientre de alquiler”, reflexiona.